Salir de la pobreza y cumplir el sueño de una existencia mejor, aun arriesgando la vida en el empeño. Este es el denominador común de un grupo de alrededor de diecisiete inmigrantes subsaharianos, sin papeles, que llegaron a Barcelona tras pasar una verdadera odisea. Actualmente sobreviven en una fábrica abandonada del centro de la ciudad, a punto de ser derruida.

La mayoría proceden de Senegal -fundamentalmente de Saint Louis, ciudad muy próxima a la frontera con Mauritania- donde, la mayor parte de ellos trabajaban en el sector pesquero. Sus vidas no han sido fáciles. Los problemas derivados de la sobreexplotación de los recursos naturales de Senegal por las grandes potencias occidentales que impiden el desarrollo de la pesca artesanal, unidos a una situación generalizada de corrupción, una inseguridad ciudadana en aumento -debido a la proliferación de armas ligeras- y una elevada tasa de desempleo, son algunos de los motivos que les llevaron a pensar en buscar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Todos entraron ilegalmente en España. Primero tuvieron que reunir una elevada cantidad de dinero para pagar la travesía en cayuco hasta las Islas Canarias: “la manera más fácil de llegar a Europa”, según sus propios testimonios. La cuantía oscila entre los 900 y 1500 euros, aunque alguno lo ha conseguido sólo por 300 euros; pero también hay quien ha tenido que pagar cerca de 3000 euros, como sucedió con Souleymane, procedente de Costa de Marfil, que fue robado en Marruecos y tuvo que esperar a que su hermano le enviara más dinero.

Viajaron hacinados en cayucos que compartían con más de ochenta personas, en travesías de entre siete y nueve días, en función de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar. No podían bordear la costa, por correr el riesgo de ser interceptados por la policía; así que tuvieron que navegar a unos 300 kilómetros del litoral y ascender en paralelo a Mauritania y Sahara Occidental hasta situarse frente a las “islas afortunadas”, para llegar finalmente a Tenerife, el destino elegido. Otros fueron en cayuco hasta Nouâdhibou, ciudad mauritana que limita con el Sahara Occidental, y desde allí realizaron una travesía de tres o cuatro días hasta Tenerife, concretamente a la playa de Las Américas, situada al sur de la isla.

En Tenerife fueron retenidos por la policía durante tres días para pasar después por un tribunal donde se determinó su reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de esos lugares provisionales de acogida –ellos los califican de “cárceles”– que funcionan como campos de detención administrativos de los inmigrantes que entran ilegalmente en territorio español.

Según los profesores Héctor Silveira Gorski e Iñaki Rivera Beiras, miembros del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de extranjeros han estado internados en «centros públicos de carácter no penitenciario» a la espera de ser expulsados por no tener los documentos requeridos para residir en el territorio: “En 2005 España expulsó a 11.002 extranjeros y repatrió a 121.062. Gran parte de ellos estuvieron en algún CIE para ser expulsados o en algún otro campo a la espera de ser devueltos, retomados o readmitidos”.

En el caso de este grupo de subsaharianos, pasaron cuarenta días en el CIE de Tenerife y, al no poder ser repatriados por no llevar ninguna clase de documentación, fueron enviados en aviones fletados por el gobierno a distintas ciudades de la península (Almería, Málaga, Madrid o A Coruña entre otras), a cada uno le dieron 60 euros y un documento en el que consta su fecha de entrada en España y su nombre, una suerte de “salvoconducto” que les evita tener problemas legales.

Parte del grupo estuvo en A Coruña durante varios meses, donde realizaron algún trabajo clandestino relacionado con la pesca. Dormían en la calle y pasaban mucho frío, pero también tuvieron la oportunidad de recibir el apoyo de alguna ONG, como Ecodesarrollo Gaia, que les enseñó los primeros rudimentos del idioma.

Finalmente, Barcelona se convirtió en el punto de destino de este colectivo. Unos llevan en la capital catalana tres meses y otros año y medio. En los últimos seis meses han llegado a Cataluña procedentes de Canarias 1600 inmigrantes, una media de 130 al mes. A pesar de las duras condiciones de supervivencia, piensan que “se está mejor” aquí.

Una fábrica abandonada en el centro de Barcelona hace las veces de vivienda. Sobreviven con lo mínimo entre suciedad, escombros y humedad, sin luz, agua o los mínimos requerimientos para llevar una vida digna. No tienen papeles ni trabajo. Actualmente están pendientes de un proceso de regularización y se supone que en tres años conseguirán los ansiados papeles. A pesar de su difícil situación, son bastante optimistas al respecto.

La nave de la fábrica se ha convertido en su hogar, a falta de algo mejor. “Aquí llega mucha gente”, comenta Abdulai. Hay 13 personas durmiendo allí, ya que algunos están siendo ayudados por un párroco de Santa Coloma de Gramanet, que les acoge por las noches mientras dura el invierno a la vez que busca el modo de empadronarles.

Ante todo desean trabajar y aprender el idioma. Souleymane, procedente de Costa de Marfil, ni siquiera habla la misma lengua que los demás. Asisten a las clases de castellano que imparte Cruz Roja e incluso hay quienes están aprendiendo catalán en la biblioteca de la avenida Bogatell.

Se levantan temprano para recoger chatarra en contenedores de basura y obras que luego venden al peso: el hierro a 60 céntimos el kilo, el aluminio a 1,50 euros y el cobre a 3 euros. Hay tres chatarrerías donde ir, aunque suelen frecuentar siempre la misma porque en esta se paga mejor. La venta de chatarra genera a veces alguna rivalidad, según quién llegue primero, ya que el chatarrero no suele tener dinero en efectivo para pagar a todos.

Su alimentación básica es arroz y pollo. Por la tarde salen otra vez a buscar metal hasta que cae la noche. Cenan, toman té para entrar un poco en calor, charlan un rato y se van a dormir. Los domingos no trabajan, apenas tienen actividades. Únicamente toman té y conversan.

Todos ellos son hombres jóvenes, de entre 18 y 58 años. Son musulmanes y algunos han dejado mujeres e hijos en su país conviviendo con el resto de sus familias. Tienen teléfonos móviles para comunicarse con ellas, pero casi ninguno dispone de saldo. Con el poco dinero que envían a sus casas, sus familias viven mejor en Senegal que ellos aquí. A pesar de todo, no quieren volver a su país. Mientras, se resignan, porque son conscientes de que están ayudando a los suyos a tener una vida mejor. Piensan que la gente es buena con ellos, aunque también han vivido alguna que otra situación de racismo.

Desplazados de su cultura, sin sus familias, indocumentados y sin dinero, intentan sobrevivir de la manera más digna posible; el problema es que el “sistema” forma un circuito cerrado en el que es complejo entrar: “Los morenos -que así se autodenominan- venimos a trabajar, no a robar ni a vender drogas”; no obstante, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Su sueño es conseguir la documentación, acceder a un puesto laboral y tener una casa para poder traer a sus familias. Pero la situación real, de momento, es otra. La fábrica, que hasta hoy ha sido su único hogar en España, se encuentra en proceso de destrucción; dos de ellos, incluso han ganado algún dinero trabajando en el derribo de la misma. En pocos días tendrán que abandonarla y buscarse otro espacio que les sirva de cobijo, a la espera de que los objetivos que los trajeron a este país se hagan por fin realidad.

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